Desde 1990 a la fecha, el gasto para el desarrollo se ha triplicado, sin embargo el porcentaje de población pobre ha descendido menos de dos puntos porcentuales. Uno de cada cuatro municipios mexicanos presentan rezagos a niveles como los del África Subsahariana.

En casa de Érika y Jorge, en la sierra norte de Puebla, no hay lavadora, ni refrigerador, ni excusado y sobran las dificultades. Su hija de cinco años, Jenny, no sube de peso y reprueba cada revisión médica de crecimiento. La más pequeña, de siete meses, consume en pañales y fórmula láctea la mitad del salario semanal de Jorge. Daniel, de tres años, consume otra caja de pañales cada veinte días. Las dos vacas lecheras que tenían, con las que completaban sus ingresos, se enfermaron y tuvieron que venderlas para carne. Comprar una cuesta cerca de 30 mil pesos. Jorge gana 600 a la semana como jornalero agrícola. Y la próxima cosecha de su milpa todavía queda lejos.

Este joven pareja vive en Ixtacamaxtitlán, municipio poblano donde los cerros son tan altos que el rocío se confunde con la niebla durante la mayor parte del año. En Ixtacamaxtitlán, como Érika y Jorge, 8 de cada 10 pobladores son pobres, 2.5 viven en pobreza extrema y 98% presenta alguna carencia, según define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La escasez abunda en el campo mexicano, en ese que se labra con yunta y machete y que no entiende de exportaciones. Tres de cada 10 campesinos no ganan lo suficiente para comer. Más del doble que la población que sufre esa carencia en las zonas urbanas.

El primer programa específico para combatir la pobreza en el país lo creó Carlos Salinas de Gortari. Solidaridad se estrenó en 1988, cuando todavía existía el muro de Berlín y Érika y Jorge no eran siquiera un espermatozoide buscando un óvulo.

Solidaridad pretendía llevar infraestructura a los lugares más aislados, impulsar el desarrollo regional, promover la producción y hacer transferencias en efectivo a partir de la “participación social comunitaria”, es decir, con comités que repartían los recursos del gobierno federal según las necesidades que determinaba en asamblea la comunidad y que se destinaban a la producción.

“Las asambleas comunitarias elegían cuál era la prioridad y le ponían trabajo, recursos… pero el problema es que se politizó pronto”, matiza Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval. El otro problema de Solidaridad es que nunca se evaluaron sus resultados.

Y si los hubo, se desdibujaron con el drástico aumento de la pobreza por la crisis de 1994. El llamado “error de diciembre”, que provocó una de las más graves devaluaciones del peso. Solo entre diciembre de 1994 y noviembre de 1995, un dólar pasó de cotizarse de 5.3 pesos a 10, provocando la fuga masiva de capitales. El Producto Interno Bruto cayó en más del 6% ese mismo año. No solo la sufrió la economía, ya enfocada a las exportaciones, sino el sector público, cuyo déficit y financiamiento estaba vinculado al dólar.

Después de la crisis, el gobierno, que encabezaba el también priísta Ernesto Zedillo, eliminó la intermediación de comités, la entrega en especie, e implementó el modelo que rige hasta la fecha la política social: dar dinero en efectivo. El Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, se estrenó en 1997 en Cardenal, Hidalgo. Las transferencias incorporaron a 300 mil familias de zonas rurales y el recurso se entregó a las madres de familia para combatir la desigualdad de género.

Vicente Fox siguió con el mismo modelo bajo el nombre de Oportunidades. Felipe Calderón aumentó el recurso de 529 a 830 pesos, e incluyó otros apoyos como el alimentario —que daba ayuda a los mexicanos que vivían en comunidades sin infraestructura escolar y médica— y el de Pisos Firmes, para sustituir suelos de tierra por concreto. En 2012, Oportunidades alcanzó a más de 6 millones de familias agrícolas con hijos en la escuela.

El presupuesto para estos programas aumentó 16% en poco más de dos décadas, al pasar de 46 millones en 1990 a 53.3 millones en 2012, pero no se ven los resultados. Ante ello,en 2001 se creó el Programa Especial Concurrente (PEC), que agrupa las  políticas  públicas  en  materia  de  desarrollo  rural de 18 secretarías o dependencias del gobierno federal. Según estipula la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el PEC reúne “las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles”.

En uno de cada cuatro municipios se vive como en África Subsahariana

Además del ingreso, el Coneval usa el índice de rezago social para medir el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna de los mexicanos. 608 municipios, repartidos en 19 estados, tienen un nivel de rezago social alto o muy alto. Es decir, 1 de cada 4 municipios mexicanos tiene condiciones similares a las de África Subsahariana en cuanto a analfabetismo, hogares sin excusado, sin piso firme o con un acceso limitado a la salud.

A la cabeza del oprobio está Guerrero. Concretamente, el municipio de Cochoapa el Grande, enclavado en la conflictiva región de La Montaña. Le pisan los talones algunas localidades de la región rarámuri, en Chihuahua, como Recanapuchi en Batopilas o Cosoachi en Guadalupe y Calvo, donde casi cada año las heladas traen fuertes hambrunas que a 20 años de programas no encuentran solución.

Ixtacamaxtitlán, el municipio al que se adscribe el ejido Almeya donde viven Érika y Jorge, está hacia al final de esa lista negra. No es un caso extremo, hay 504 municipios más rezagados que él, pero sus habitantes si forman parte de los más de 7 millones de mexicanos que viven como en Angola.

Aunque en el municipio poblano donde viven Jorge y Érika, entre 2000 y 2010 se redujeron a la mitad las viviendas con piso de tierra, sin agua entubada o sin excusado, y en una tercera parte los pobladores que no terminaron la secundaria y las casas sin refrigerador, parece que el progreso se difumina con la neblina. Y por el camino de terracería que se accede a su ejido, no llegan las mejoras. El rezago aumentó en 20 puntos porcentuales en 10 años.

En toda la vida de Érika, 26 años, la pobreza apenas se ha reducido en menos de dos puntos porcentuales en todo el país. Lo que sí crece es el presupuesto destinado a combatirla.

Su presupuesto se duplicó entre 2003 y 2013, al pasar de 173 mil millones de pesos a 313 mil millones, según recoge el estudio de Fundar ‘Presupuesto del Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural y su Comportamiento Histórico 2003-2013’.

Y como el mismo secretario ejecutivo Coneval reconoce “no ha habido un aumento de la productividad o una reducción de la pobreza a la par de ese aumento de presupuesto”.

Pero más allá de un programa social en concreto, el gasto gubernamental en desarrollo social —educación, seguridad social, salud, urbanización o vivienda— se multiplicó por cuatro desde 1990 a 2012, al aumentar de 4 billones de pesos a 16 billones en precios constantes, según el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Ahora se mantiene y refuerza con el programa Prospera —el nuevo rostro de Oportunidades— y la Cruzada Nacional contra el Hambre que pretende integrar cada una de las Secretarías al desarrollo común. El problema, dicen los expertos, es que no se logra.

El investigador de Estudios del Desarrollo en la UNAM y el Colegio de México, Fernando Cortés,  señala cuatro hipótesis por las que no se logra el desarrollo común. Primero: que los apoyos no lleguen a quien deben porqué no se focalizan bien o porque el partido en el poder los usa de forma clientelar. Segundo: que los recursos se enreden en la jungla burocrática. Tercero: que las cantidades entregadas sean insuficientes para generar cambios, y cuarto: que no generan sustentabilidad.

Para Carlos Rojas Gutiérrez, quién diseñó Solidaridad en los 80, el fundamento está en que no se concibe como política integral. “El problema es que por ejemplo la Sagarpa —Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural— no actúa bajo la lógica de la Cruzada, ni tampoco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ni casi ninguna otra dependencia. Cada dependencia tiene sus propios intereses”, resume.

“La desigualdad se perpetúa con los programas”

El 40% de los recursos totales de los ocho programas que manejaba la Sagarpa hasta 2010 se concentraron en sólo cinco entidades: Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Ninguna de ellas entre las más desfavorecidas, ya que privilegia a los grandes productores. Su programa estrella sigue siendo Procampo, que representa el 20.6% de su presupuesto total y beneficia a 2.5 millones de productores. Sin embargo no es progresivo, cada agricultor recibe 1100 pesos por hectárea de tierra trabajada. 

Mientras la mayoría de los campesinos, como los de Almeya reciben pagos por un par de hectáreas, los productores en el decil superior reciben una tajada de transferencias equivalente al 42% del presupuesto. La desigualdad se perpetúa con los programas. Y lo seguirá haciendo “mientras no se democratice la productividad”, subraya Hernández desde el Coneval. 

Para él, el problema , ya desde Solidaridad, es que “se esperaba que la economía creciera y la economía no crece. Los programas han ayudado a que vayan más los niños a la escuela y mejoren peso y talla. Ahora tienes a niños mejor alimentados, que van más a la escuela pero salen a trabajar y no tienen trabajo, así que o migran o se quedan en la pobreza”.

¿Acceso efectivo a la educación y a la salud?

Érika camina cada día una hora para llevar a su hija Jenny a preescolar a otra comunidad cercana y regresar a su casa. En Almeya no hay suficientes niños para que manden un maestro de preescolar. A las 11:30 debe volver con el almuerzo y luego recogerla. La primaria es la única escuela de la SEP que existe en su ejido. Hace dos años que piden una secundaria, desde 2012 se solicita pero no hay respuestas.

Mientras, usan el salón de juntas, donde José, un muchacho de 19 años da clases con un apoyo de un fideicomiso, el Consejo Nacional de Fomento Educativo. A través de jóvenes rurales que terminaron la preparatoria se convierten en maestros de secundaria en otras comunidades que les dan hospedaje y comida a cambio de que eduquen a sus hijos. Conafe les da un sueldo mensual durante dos años y luego les da una beca para que esos aprendices de maestro estudien en la universidad. José tiene 19 alumnos entre los tres grados. No hay libros, la CONAFE les da materiales de apoyo. Tampoco hay biblioteca y solo tienen una computadora, sin acceso a internet. Es la segunda computadora que hay en todo el Ejido. La primera la tiene Uriel Moreno el tesorero del comisariado ejidal y su acceso a la red es solo vía satélite. Hasta hace dos años ni siquiera tenía teléfono en la región. Ahora ya hay señal de Telcel.

Moreno habla desde la experiencia: “Dentro de nuestro municipio ha habido muchos engaños desde hace muchos años, no llegan los recursos que nos prometen, se termina la campaña electoral y se van los apoyos. Hay programas de transferencias de fondos de cada familia pero no mejoran la vida en la comunidad, es una cuota que recibe la familia hasta que un niño saca su secundaria pero cuando se necesita el dinero para ir a otra escuela a estudiar, pasajes, computadora es cuando un niño necesita una beca. 800 pesos al mes ayudan pero no sacan de la pobreza. Nosotros como padres de familia no podemos darle su anhelo de estudiar”. En 40 años de ejido solo recuerdan que haya habido tres universitarios, la tercera está apenas por licenciarse, y como los demás sabe que deberá salir de la comunidad si quiere ejercer.

“Las transferencias de recursos son necesarias, es un ingreso mínimo garantizado, y debe visualizarse como un derecho, no como una concesión. Pero ojo, las transferencias condicionadas no reducen per se la pobreza, pueden aumentar el peso de los niños o el nivel educativo. Pero la pobreza se elimina con opciones, con mercados de trabajo dinámicos, con incremento salarial, con salarios justos con buenos servicios de salud, con buenos servicios de educación… No vas a reducir la pobreza porque la persona salte un poquito en la línea de bienestar y ya no sea pobre temporalmente”, matiza la socióloga Cristina Bayón.

“En salud y educación avanzamos mucho en la última década en afiliaciones universales —Vicente Fox creó el Seguro Popular que establece el acceso universal a la salud—, pero quisiéramos ver un avance parecido en calidad y servicio, porque de qué me sirve el Seguro Popular si la clínica está a cuatro horas y cuando voy no me atienden. Lo mismo pasa en el sistema educativo. Hay un 96% de niños en la primaria, pero no podemos asegurar que esos niños, cuando acaben la secundaria tengan los mismos resultados en el mercado laboral que otros que fueron a escuelas públicas pero en la Ciudad de México. Ni hablar de la diferencia con las privadas”, reconoce Hernández.

Los apoyos vistos desde Almeya

En Almeya una docena de mujeres consiguieron un apoyo para armar una granja de puercos. Otras familias alcanzan a sobrevivir gracias a las remesas que les mandan algún hijo que salió a trabajar a la ciudad, a Cancún o a Estados Unidos. Otra ejidataria, que trabajó en la Unión de Ejidos logró financiamiento para un invernadero, pero en general los apoyos escasean o no saben ni a dónde ni cómo pedirlos.

“La política social como un instrumento capaz de reducir la pobreza en el país fracasó y la visión que presupone que el crecimiento debe preceder a la redistribución es un rotundo fracaso también. Esto simplemente no ha ocurrido en las dos últimas décadas”, concluye el economista Gerardo Esquivel en el informe de Oxfam: “Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político”.

El último recurso colectivo productivo llegó por parte de la organización no gubernamental Oxfam, quién impulsa la reforestación del maguey, planta oriunda de la zona para evitar problemas derivados por de pérdida de suelo y bosque que ya se están dando. La producción y comercialización del maguey y sus derivados corre a cargo de una cooperativa de mujeres entre las que está Érika.

“La importancia de este proyecto es que es integral, que no solo busca un buen manejo de los recursos naturales y una mejora de la alimentación, sino fortalecer a las mujeres, que sean visibles en su trabajo, reconocidas en sus comunidades como jefas de familia, mujeres organizadas que puedan acceder de mejor forma a los recursos públicos federales y contribuir junto a los hombres a una comunidad más sana y más segura”, explica Israel Guadarrama, coordinador del proyecto y del área de desarrollo e incidencia de Oxfam.

Para Érika, quién no recibe todavía Prospera, la mayor potencialidad del proyecto de Oxfam es el trabajo y los ingresos que la ayuden a salir adelante en la casa de adobe y la parcela que les heredaron los abuelos de Jorge.

Otra mujer, Benita, la anima. “De principio es difícil porque llega uno aquí sin nada. Mira, nosotros nada más teníamos una casita, así como la cocinita y con más agujeros que nada”. La nada, en esa tierra empinada, también está cuesta arriba.